Activistas de la comunidad LGBTTIQ+ en Salamanca exigen al Ayuntamiento cumplir una disposición legal que lleva más de un año sin concretarse: la instalación de una Unidad de Diversidad Sexual con atención especializada y participación directa de la propia comunidad.
La Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato, publicada el 7 de junio de 2024, estableció un plazo de 90 días para que los municipios avanzaran en la creación de estas unidades. En Salamanca, el proceso no se ha completado.
Reglamentos sin resultados
Joaquín Martínez Sánchez, activista conocido como Quino Marz, reconoció que el municipio aprobó un reglamento y posteriormente un programa en materia de diversidad sexual. Sin embargo, señaló que ninguno de los dos documentos se ha traducido en políticas públicas con resultados tangibles.
El municipio optó por incorporar el tema dentro del área de Derechos Humanos, en lugar de crear una oficina específica. Para Martínez Sánchez, eso limita la posibilidad de que una persona de la propia comunidad encabece y atienda directamente las políticas del sector.
«El artículo 30 marca que cada municipio, dependiendo de su capacidad presupuestal, tiene que hacer una oficina específica», señaló.
«No somos una fecha»
El activista cuestionó que la comunidad reciba atención principalmente durante junio, el Mes del Orgullo, y desaparezca del radar institucional el resto del año.
«Que no solo se nos mencione y se legisle en junio; existimos todo el año», afirmó.
Martínez Sánchez también advirtió sobre el riesgo de que la unidad se instale en 2027, justo antes del proceso electoral, y termine siendo una acción de promoción política sin respaldo presupuestal ni estructura real.
«Una pluma no me va a evitar un golpe en la calle», expresó, al cuestionar que las acciones simbólicas sustituyan a una política pública efectiva.
El llamado: cumplir antes de buscar votos
El activista dirigió su exigencia al Ayuntamiento de Salamanca, a la diputada local de Morena Hades Aguilar y a las autoridades estatales, a quienes pidió pasar de los pronunciamientos a las acciones.
«Los derechos no se tendrían que ni qué debatir, se tienen que garantizar», afirmó.
Para Martínez Sánchez, Salamanca aún tiene oportunidad de convertir los documentos aprobados en política pública permanente, pero para ello se requiere voluntad política, presupuesto y participación real de la comunidad.
